¿Para dónde va el uribismo con la paz?

Ante el avance cada día más evidente de las negociaciones de La Habana, ¿está el uribismo buscando subirse al bus de la paz y que sus posiciones sean tenidas en cuenta, o continúa apostándole, abierta y subrepticiamente, al fracaso de unos diálogos sobre los que mantiene una profunda desconfianza?

Esta es la pregunta que hay que hacerse por estos días frente a la principal oposición a las conversaciones con las FARC. Paradójicamente, la hoja de ruta  que el Centro Democrático hizo pública justo antes de Semana Santa con sus propuestas sobre el proceso no permite contestarla.

Ese documento muestra que dos elementos caracterizan la posición del uribismo frente a las conversaciones de paz.

  •  Una crítica de fondo.

El uribismo critica la negociación en sí, a la que atribuye un serio deterioro en la seguridad: “Estos diálogos mal concebidos y mal conducidos se han convertido en un riesgo para la seguridad nacional”. Y critica lo acordado, en especial el acuerdo de desarrollo rural, en el que ve una amenaza para la gran propiedad rural.

  • Una profunda desconfianza.

El uribismo alega que el proceso esconde “riesgos en materia de iniciativa económica privada”; sostiene que elementos del acuerdo sobre el tema rural favorecen el control territorial y político de las FARC, y que estas se burlan de los acuerdos con un cese de hostilidades que es “una farsa”, con un desminado limitado y porque se están rearmando y escalando el narcotráfico.

El Centro Democrático no cree en las FARC ni en el modelo actual de las conversaciones y sostiene que el gobierno engaña, esconde y disimula, como dijo el expresidente Uribe en una serie de trinos. Sin embargo, pasó de la crítica a hacer estas propuestas:

  • Con los militares, generosidad. Las fórmulas de justicia para los militares deben ser independientes de lo que se acuerde en La Habana y estos no deben igualarse a la guerrilla. Un tribunal especial debe revisar las sentencias contra militares, los cuales deben tener “la oportunidad de defenderse en libertad”.
  • Con los guerrilleros, mano dura. Los ex combatientes responsables de graves crímenes deben pagar cárcel y no pueden participar en política. Si contribuyen a la verdad, la reparación y la no repetición, sus penas pueden reducirse. Los rasos incursos en delito político pueden no ir a la cárcel y ser elegibles a cargos públicos.
  • Los diálogos pueden alargarse, pero las FARC deben concentrarse de inmediato, en un solo lugar, lejos de las fronteras, de las ciudades y de zonas económicas importantes, bajo verificación de la ONU, la OEA o la Cruz Roja Internacional.
  • Las armas deben ser entregadas y destruidas, para evitar que en los años que transcurran entre la firma de los acuerdos y su implementación puedan ser utilizadas.
  • Las FARC deben entregar todo su dinero para reparación de las víctimas.
  • Los acuerdos deben someterse a consideración popular, por ejemplo a través de un “organismo electoral transitorio”.

 ¿Al fin, qué? habría que preguntar. Estas propuestas, al mismo tiempo, incluyen fórmulas que harían inviable la negociación, y otras que sugieren que la oposición la considera irreversible y busca tender puentes.

Concentración durante los diálogos, cárcel para los guerrilleros y libertad para los militares son otras tantas bombas de profundidad para el proceso que, de exigirse de inmediato, lo harían saltar por los aires.

Destrucción de las armas, entrega de dineros ilícitos para reparación y refrendación de los acuerdos son otros tantos puntos que fácilmente comparte el gobierno y están sobre la Mesa.

¿Al fin, qué? habría que preguntar al uribismo.

 

PARA PENSAR

Según el Centro Democrático, seis cifras muestran el deterioro de la seguridad bajo el gobierno Santos, entre 2010 y 2014: aumentos en extorsión (232%), ataques a instalaciones militares (111%), a oleoductos (355%), hostigamientos (69%), retenes ilegales (64%) y acciones terroristas (62%).

El documento no cita ninguna fuente. Los datos coinciden con los del ministerio de Defensa y evidencian fenómenos de fondo como el gran aumento en la extorsión y los atentados contra la infraestructura petrolera. Sin embargo, omiten aspectos importantes, que revelan las mismas cifras oficiales.

 En algunos casos, el cambio en la tendencia empezó en los últimos años del segundo gobierno de Álvaro Uribe, hacia 2008-2009. Las acciones de grupos armados ilegales (leáse guerrillas), por ejemplo, subieron desde 2008 y se han mantenido en alrededor de 160 por año desde entonces.

Algunas de esas acciones, después de aumentar entre 2009 y 2012, se han reducido. Es el caso de ataques a instalaciones militares, que bajaron 37% en 2014 respecto a 2013, y los retenes ilegales, que disminuyeron 18%.

Despojar de política e ideología las cifras del conflicto es una tarea esencial del periodismo, para entender las dinámicas de la guerra y la paz. ¿Qué actividades de la guerrilla aumentan? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la dinámica de mediano y largo plazo?

La respuesta a estas preguntas ayuda a precisar la real capacidad militar de la guerrilla y el estado de la confrontación, más allá del interés político de usar las cifras para atacar o defender la estrategia de seguridad.