Entrevista a María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia

Las conversaciones para la terminación del conflicto en Colombia pueden derivar, en la fase de implementación de los acuerdos, en la aplicación de la justicia transicional. Con el objetivo de aclarar las dudas que los periodistas puedan tener hemos entrevistado a María Camilo Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional  – ICTJ-  en Colombia.

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¿Qué diferencia técnicamente a la justicia transicional de la justicia ordinaria de un país? 

La justicia transicional se aplica en circunstancias que no son ordinarias –es decir, cuando han tenido lugar abusos masivos y sistemáticos de los derechos humanos– y por lo tanto las medidas que se apliquen no pueden ser exactamente las mismas que en circunstancias normales. En el caso de los juicios penales, debido a décadas de conflicto armado, el universo de crímenes a investigar puede ser simplemente inabarcable, con cientos de miles de crímenes, que difícilmente pueden afrontarse con los mecanismos que nos ofrece la justicia ordinaria.

¿Cómo es un juicio?

A menudo lo que se hace en contextos de transición es diseñar estrategias que permitan agilizar estos procesos, a través de la selección de casos, para juzgar primero a aquellos que realmente tuvieron una mayor responsabilidad en la comisión de los crímenes, que no siempre son los soldados con el fusil en la mano, sino los comandantes que ordenaron las matanzas, pero también los empresarios y políticos que financiaron y apoyaron estos crímenes.

¿La aplicación de este tipo de justicia contempla únicamente penas de cárcel?

Bajo el paraguas de la justicia transicional se agrupan varios tipos de medidas que buscan restaurar la dignidad de los ciudadanos cuyos derechos han sido gravemente violados, ya sea a causa de un conflicto armado o un periodo de dictadura, y contribuir a restaurar las relaciones de confianza entre la sociedad y con las instituciones del país. Entre esta serie de medidas se incluyen procesos de esclarecimiento de la verdad, programas de reparaciones y reformas institucionales etc., y se contemplan asimismo medidas judiciales, es decir, juicios a los máximos responsables de las más graves violaciones.

¿Hablar de justicia transicional es lo mismo que hablar de rebaja de penas o de penas alternativas?

No es lo mismo. Es un error equiparar justicia transicional con beneficios penales. Y, desafortunadamente, es un error muy común en Colombia. Las medidas de justicia transicional se aplican en circunstancias extraordinarias, en las que se tiene que lidiar con una cantidad de crímenes abrumadora. Eso puede implicar tomar medidas específicas como esas. En contextos de justicia transicional es común que emerjan interesantes debates sobre la función y los efectos de la justicia retributiva: la duración de la pena, su función, la finalidad de la cárcel etc. Si después de un conflicto se plantean cuestiones tan complejas como la reintegración, la reconciliación etc., la sociedad debe plantearse de qué manera una persona que ha cometido crímenes en el marco del conflicto puede contribuir al restablecimiento de la sociedad más allá de pasar un tiempo en la cárcel.

¿Qué tipo de delitos y penas contempla la justicia transicional?

En los procesos penales que se desarrollan en el marco de la justicia transicional generalmente se priorizan los crímenes más graves, es decir, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. También se apunta a identificar las personas que han tenido mayor responsabilidad en el cometimiento de esos hechos. La duración de las penas y las modalidades de cumplimiento son parte del debate a la hora de diseñar un mecanismo que pueda responder a las necesidades concretas del país. Pero empezar la discusión por las penas y su modo de cumplimiento no es el mejor camino. Debe ir precedido de un análisis y mapeo de esos crímenes más graves y del diseño de un proceso penal factible.

¿Aplicar la justicia transicional implica un cambio en las leyes del país?

No necesariamente. Depende de la legislación de cada país, pero no es una obligación que esto ocurra. Sin embargo es lógico que haya un deseo de hacer cambios estructurales en el país para poner fin a ese contexto de dictadura o de un conflicto armado con el que se quiere romper de raíz, lo cual siempre requerirá un cierto desarrollo legislativo.

¿Qué cambios habría que introducir a la Ley de Justicia y Paz para aplicarla en una posible desmovilización de las Farc y otros grupos guerrilleros?

No es factible que el modelo de Justicia y Paz, incluso con ajustes, pueda ser replicado para el caso de las guerrillas. Sin embargo, esto no significa que no se pueda aprender de la experiencia de Justicia y Paz. Hay muchas lecciones aprendidas que pueden orientar un modelo más pertinente de justicia transicional en Colombia y que deben ser tenidas en cuenta por las partes a la hora de negociar y diseñar un modelo concreto para este caso.

¿Cómo o quién determina qué casos pueden atenerse a la justicia transicional y cuáles no?

El diseño del modelo de justicia transicional que se acuerde en La Habana, con sus diferentes componentes, entre ellos el de justicia penal, deberá incluir este tipo de decisiones. Es importante, sin embargo, recalcar que el modelo de justicia transicional incluirá otros mecanismos clave para la rendición de cuentas como una comisión de la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de una serie de medidas que deben reforzarse unas a otras para garantizar al mismo tiempo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y el logro de una paz estable y duradera.

¿Cuál es el motivo que lleva a un país a recurrir a la justicia transicional en lugar de la justicia tradicional?

El hecho de enfrentar circunstancias extraordinarias, como el legado de violaciones masivas que deja una dictadura o un conflicto armado, necesita de medidas igualmente extraordinarias. Por una parte, hay que ser consciente de que las instituciones no permanecen intactas y sufren también las consecuencias de una dictadura o un conflicto. En muchos países al final de ellos el sistema de justicia se ve diezmado, incluso destruido, y a menudo las partes ponen en entredicho su imparcialidad. Por eso es necesario diseñar medidas extraordinarias al tiempo que se refuerza y estabiliza el sistema de justicia ordinario. Por otra, si cualquier sistema de justicia (por muy perfecto que fuera) se ve en la necesidad de enfrentar cientos de miles de crímenes de repente, necesariamente debe hacer preguntas y adaptarse a esa situación concreta: Si hay miles de victimarios que deben ser juzgados en la vía ordinaria habrá procesos que se puedan alargar hasta la eternidad. ¿Qué sensación de justicia transmitiría esto a las víctimas? ¿Qué se hace con los autores de crímenes mientras esperan juicio? ¿Tiene el sistema penitenciario capacidad? ¿Realmente se previene que estas violaciones no vuelvan a ocurrir mirando caso por caso sin observar el panorama de conexiones entre los crímenes y la diversas responsabilidades institucionales, políticas y económicas de quienes estuvieron involucrados en las atrocidades sin haber disparado un arma?

En el caso colombiano, ¿qué aspectos políticos y legales dificultan o facilitan la implementación de una justicia transicional?

Colombia ya ha realizado cambios en su Constitución que permiten la implementación de medidas de justicia transicional, como el Marco Jurídico para la Paz, aprobado en 2012 por el Congreso. El Marco Jurídico contempla la selección y priorización de casos, es decir, que se juzgue primero a quienes albergan mayor responsabilidad en la comisión de las violaciones (y que no tiene por qué ser únicamente los soldados con el fusil en la mano), así como garantizar a las víctimas de conflicto armado sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Sin embargo, hay que esperar el acuerdo final para saber qué otras reformas constitucionales y legales son necesarias para que esa acuerdo sea viable y sostenible.

¿Cuál es la relación entre la justicia transicional y el Marco Jurídico para la Paz?

 El Marco Jurídico para la Paz es una reforma de la Constitución para dar rango constitucional a los diferentes mecanismos de justicia transicional, como la creación de la comisión de la verdad; en el ámbito de la justicia penal, la judicialización de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la renuncia a la persecución penal de quienes no son responsables de los delitos más graves, la suspensión de penas y las penas alternativas, la reparación integral a las víctimas y la posibilidad de la participación política de los futuros excombatientes de las guerrillas. La justicia transicional va muy relacionada con la reparación de las víctimas.

¿Qué beneficios aporta a una víctima un proceso cómo ese?

La reparación es una medida esencial de la justicia transicional, igual de importante que las demás medidas. La reparación también es una forma de justicia, y además una forma de justicia que otorga reconocimiento y devuelve la dignidad arrebatada por la violencia a las víctimas. Las reparaciones permiten restaurar la dignidad de las víctimas convirtiéndolas en el centro de estos procesos y dotándolas de la capacidad de rehacer sus vidas y reafirmar su condición de ciudadanos con plenos derechos. Las reparaciones no se limitan a una indemnización económica, sino que abordan otros aspectos esenciales como la rehabilitación por el daño sufrido, la ayuda psicosocial, la restitución de bienes, las medidas simbólicas, etc.

¿Cuáles son las principales críticas que se le hace a la justicia transicional? ¿Esta lleva a la impunidad?

Al contrario, las medidas de justicia transicional son, precisamente, largos procesos de lucha contra la impunidad. La justicia transicional busca establecer medidas de rendición de cuentas por parte de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, y resarcir a las víctimas. Los juicios penales son parte esencial en estos procesos, pero también hay que ser realista y entender los límites de los sistemas de justicia (especialmente después de un periodo convulso) y asumir que no se va a poder juzgar cada uno de los crímenes que tuvieron lugar de manera individualizada. Por eso, es necesario saber ser creativo y pragmático y concentrar el esfuerzo de persecución penal en los máximos responsables de los delitos más graves Hay que diferenciar con claridad: la justicia transicional no es sinónimo de justicia penal. Es un concepto que va mucho más allá de los juicios y la cárcel. Que las víctimas puedan contar con reparaciones, ayuda psicosocial y, que conozcan la verdad de lo ocurrido también es justicia, que se erija un monumento que conmemore una matanza en medio de un pueblo en el que sigue negando lo ocurrido también es hacer justicia, que el presidente de un país admita la responsabilidad del Estado, o los máximos comandantes de sus guerrilla, en la comisión de crímenes graves también es hacer justicia.

¿En Colombia se contempla la implementación de justicia transicional relacionada con la terminación del conflicto?

Sí. Esto es precisamente lo que se está debatiendo ahora en La Habana, en el punto 5 de la agenda, que hace referencia a las víctimas y su derecho a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

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