Entrevista a María Camila Moreno

Directora del ICTJ en Colombia

Las conversaciones para la terminación del conflicto en Colombia pueden derivar, en la fase de implementación de los acuerdos, en la aplicación de la justicia transicional. Con el objetivo de aclarar las dudas que los periodistas puedan tener hemos entrevistado a María Camilo Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional  – ICTJ-  en Colombia.

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¿Qué diferencia técnicamente a la justicia transicional de la justicia ordinaria de un país?

La justicia transicional se aplica en circunstancias que no son ordinarias –es decir, cuando han tenido lugar abusos masivos y sistemáticos de los derechos humanos– y por lo tanto las medidas que se apliquen no pueden ser exactamente las mismas que en circunstancias normales. En el caso de los juicios penales, debido a décadas de conflicto armado, el universo de crímenes a investigar puede ser simplemente inabarcable, con cientos de miles de crímenes, que difícilmente pueden afrontarse con los mecanismos que nos ofrece la justicia ordinaria.

 

¿Cómo es un juicio?

A menudo lo que se hace en contextos de transición es diseñar estrategias que permitan agilizar estos procesos, a través de la selección de casos, para juzgar primero a aquellos que realmente tuvieron una mayor responsabilidad en la comisión de los crímenes, que no siempre son los soldados con el fusil en la mano, sino los comandantes que ordenaron las matanzas, pero también los empresarios y políticos que financiaron y apoyaron estos crímenes.

 

¿La aplicación de este tipo de justicia contempla únicamente penas de cárcel?

Bajo el paraguas de la justicia transicional se agrupan varios tipos de medidas que buscan restaurar la dignidad de los ciudadanos cuyos derechos han sido gravemente violados, ya sea a causa de un conflicto armado o un periodo de dictadura, y contribuir a restaurar las relaciones de confianza entre la sociedad y con las instituciones del país. Entre esta serie de medidas se incluyen procesos de esclarecimiento de la verdad, programas de reparaciones y reformas institucionales etc., y se contemplan asimismo medidas judiciales, es decir, juicios a los máximos responsables de las más graves violaciones.

 

¿Hablar de justicia transicional es lo mismo que hablar de rebaja de penas o de penas alternativas?

No es lo mismo. Es un error equiparar justicia transicional con beneficios penales. Y, desafortunadamente, es un error muy común en Colombia. Las medidas de justicia transicional se aplican en circunstancias extraordinarias, en las que se tiene que lidiar con una cantidad de crímenes abrumadora. Eso puede implicar tomar medidas específicas como esas. En contextos de justicia transicional es común que emerjan interesantes debates sobre la función y los efectos de la justicia retributiva: la duración de la pena, su función, la finalidad de la cárcel etc. Si después de un conflicto se plantean cuestiones tan complejas como la reintegración, la reconciliación etc., la sociedad debe plantearse de qué manera una persona que ha cometido crímenes en el marco del conflicto puede contribuir al restablecimiento de la sociedad más allá de pasar un tiempo en la cárcel.

 

¿Qué tipo de delitos y penas contempla la justicia transicional?

En los procesos penales que se desarrollan en el marco de la justicia transicional generalmente se priorizan los crímenes más graves, es decir, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. También se apunta a identificar las personas que han tenido mayor responsabilidad en el cometimiento de esos hechos. La duración de las penas y las modalidades de cumplimiento son parte del debate a la hora de diseñar un mecanismo que pueda responder a las necesidades concretas del país. Pero empezar la discusión por las penas y su modo de cumplimiento no es el mejor camino. Debe ir precedido de un análisis y mapeo de esos crímenes más graves y del diseño de un proceso penal factible.

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