Seminario organizado por la FNPI en asocio con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Embajada de los Estados Unidos

Maestros:

Carlos Chica (Colombia) –  Asesor de dirección de la Unidad de Víctimas
Martha Ruiz (Colombia) –  Directora de VerdadAbierta.com
Andrés Bermúdez (Colombia) – Periodista en La Silla Vacía
Federico Uribe (Colombia) – Periodista en Telemedellín
Jesús Abad Colorado (Colombia) – Fotógrafo
Pedro Vaca (Colombia) – Director ejecutivo de FLIP
Marcela Zamora (El Salvador) – Documentalista y periodista de El Faro
Refik Hodžić (Bosnia – Herzegovina) – Director de comunicaciones del ICTJ
Donna de Cesare (Estados Unidos) – Fotoperiodista y profesora asociada de Periodismo de la Universidad de Texas en Austin.
Stephen Ferry (Estados Unidos) – Fotógrafo

Cartagena de Indias, 28 de noviembre de 2014.

DESENTRAÑANDO LA COMPLEJIDAD
Los periodistas en medio de la guerra

Durante este seminario, que constó de 3 conferencias y dos paneles, se abordaron diversos temas relacionados con los desafíos en la cobertura periodística de las víctimas desde los medios escritos digitales alternativos pero también desde la televisión, el documental y la reportería gráfica. Así mismo, se habló sobre justicia transicional, posconflicto y los programas de reparación integral a las víctimas en Colombia.

La FNPI invitó a 40 periodistas provenientes de La Guajira, el Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, el Valle del Cauca, los Santanderes y Bogotá, con el fin de intercambiar experiencias y reflexionar sobre las necesidades del periodismo regional.

Relatora: Saia Vergara Jaime

Palabras clave: Reparación integral, Víctimas, Victimarios, Diversidad, Complejidad, Humanización del conflicto, Liderazgo local, Periodismo racional, Periodismo emotivo, Periodismo consciente del trauma.

Actualmente en Colombia, el 15% de la población que habita el territorio nacional, 7.028.776 de ciudadanos y ciudadanas, son consideradas víctimas del conflicto o han padecido actos de victimización, según reporta Carlos Chica (Colombia), asesor de La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV. Informa que en el estudio “Reparaciones Integrales de Colombia: Logros y Desafíos[1]”, de la Universidad de Harvard, se plantea que ningún otro país del mundo que haya sufrido conflictos internos “ha registrado o reparado más del 1% de la población[2]”.

Esa cifra, continúa Chica, incluye todo tipo de actos victimizantes: desaparición forzada, homicidio, desplazamiento, abandono o despojo forzado de tierras, pérdida de bienes muebles o inmuebles, minas antipersonas, tortura, atentados, combates, hostigamientos, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, actos terroristas, secuestro, vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, entre otros[3].

Aunque el concepto de víctima ha sido ampliamente desglosado en el artículo 3° de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras[4], Chica hace referencia a una definición mucho más concreta: “Víctima es un persona cuya seguridad fue vulnerada con tanto daño, que su realización humana de largo plazo fue puesta en entredicho, desde el momento mismo en que fue excluida del pacto mínimo de ciudadanía”. Eso significa que en los “estados occidentales, modernos, contemporáneos, los ciudadanos atribuyen al Estado, a él y solo a él, la responsabilidad de garantizar la vida, la honra, y los bienes de los asociados. Ése es el pacto”. Así pues, el Estado debería corresponder a los ciudadanos proveyéndolos del bien público esencial que está representado en la dupla seguridad – justicia.

Habría que añadir un par de datos generales, proporcionados por la UARIV: 1. La mayor parte de las víctimas viven en estado de pobreza y vulnerabilidad. 2. Actualmente, en 9 ciudades capitales más del 50% de la población ha sido afectada por el conflicto armado, entre ellas, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa, Florencia, Popayán, Quibdó y Santa Marta.

Las políticas públicas enfocadas a la reparación deben tener un sentido ético, enfatiza Chica, y atender a las particularidades étnicas, sociales y culturales, económicas, pero también a los rangos de edad, la orientación sexual o la condición de discapacidad, entre otras muchas variables. Esto permite diseñar estrategias mucho más cercanas a la diversidad del universo de víctimas que existen en el país. No es igual “ser mestizo, raizal, palenquero o mulato que indio; hombre o mujer que LGBTI[1]; niño, adolescente o adulto que adulto mayor”. Hay que pensar en esa combinación -infinita- de variables cuando nos referimos a las víctimas, ese término tan general y, mucho casos, tan impreciso.

Si habláramos, en particular del 2% de las víctimas que quedaron con alguna discapacidad tendríamos que distinguir de qué tipo, pues no se pueden tratar igual las discapacidades reproductivas que las de tipo cognitivo, emocional o físico. Es importante preguntarse cuál es la región que concentra el mayor número de discapacitados, pero también, “cuál o cuáles fueron los hechos victimizantes que generaron esas discapacidades”.

O si viéramos el universo de las 7353 víctimas registradas por violencia sexual, que van desde los 6 hasta los 100 años, entonces, deberíamos discriminar de nuevo por etnia, género, edad, etc., explica. Y luego identificar los móviles de la agresión: si se produjo como “cálculo estratégico, sobre todo en el caso de las mujeres, para convertirlas en armas de guerra”, con el fin de minar su liderazgo, “y destruir su círculo afectivo”, como retaliación, ejemplarización o castigo por sus preferencias sexuales, etc. Así mismo, habría que ver si, producto de la agresión, se generó algún tipo de discapacidad.

El ejercicio de caracterización de las víctimas es tan complejo, dice Chica, que para seguir con este ejemplo, “el 68% de las afectaciones relacionadas con la violencia sexual se asocian a trastornos psicológicos o psiquiátricos, el 37% con disminución de fuentes de ingresos, el 26% con heridas físicas, el 27% con infecciones de transmisión sexual y el 8% con pérdida de órganos”, por mencionar solo algunas variables. Además -se sabe gracias a las pocas denuncias por violencia sexual- estos actos victimizantes están asociados a otros, entre ellos, a amenazas y torturas físicas y psicológicas. Porque hay que considerar, también, que en muchos casos las víctimas padecen diferentes formas de violencia en simultáneo y, además, en distintos momentos de sus vidas.

Por último, destaca Chica, el Estado ha contemplado tres fases para acompañar el proceso de una persona que ha sido objeto de un acto victimizante, con el fin de que le sean restituidos sus derechos. La primera es la fase de emergencia humanitaria, en la que se le envían elementos de primera necesidad. La segunda, es la de estabilización socioeconómica, en la que se le asiste en el proceso de recuperación de sus documentos para que pueda acceder a los servicios básicos de salud, educación, etc. Y la tercera, es la fase de la reparación integral, en la que el Estado le proporciona las condiciones mínimas en las que vivía antes del hecho victimizante.

Marta Ruiz (Colombia), de VerdadAbierta.com, cree que hay problematizar la definición de víctima que presenta Chica pues, en muchos casos, el pacto de ciudadanía jamás se rompió porque ni siquiera existía. En cambio, dice, ha habido conflictos de intereses y conflictos políticos, por eso “es mucho más complejo que romper un pacto de ciudadanía”. Es enfática en que los periodistas deben hacerse preguntas y empezar a pensar en cómo entender una gran problemática, llena de matices, “donde estamos rodeados de zonas grises”: El guerrillero, el paramilitar, el pandillero, ¿es víctima o victimario? ¿Es víctima y victimario a la vez?

Jefferson Ospina (Colombia), de El país de Cali, apoya la tesis de Ruiz. Y habla de otra zona gris que habría que considerar cuando se habla de víctimas. Su ejercicio periodístico le ha permitido comprobar que “gran parte de las pandillas, en Cali, están conformadas por jóvenes descendientes de desplazados. Y tal vez ellos ni siquiera lo saben”. El medio en el que crecieron, la exclusión, la vulnerabilidad y el pasado de sus padres pudieron haber contribuido a que estos muchachos empezaran a hacer parte de esas culturas criminales. “Cuando nos referimos a que víctimas son aquellas personas que, de algún modo, sufrieron el conflicto parece que se asumiera que eso solo ha sucedido en un ámbito rural; pero cuando hablamos de un pandillero hijo de desplazados, este muchacho también es un efecto, una consecuencia, una víctima del conflicto armado”. Plantea, entonces, que en estos casos la política social y la de reparación no deberían estar disociadas, pues aquellas víctimas “que llevan 15 o 20 años en las ciudades pareciera que no están contempladas en esa reparación”.

Julio César Alvarado (Colombia), de Vanguardia Liberal, explica que es tan preocupante la situación de las “fronteras invisibles”, que “incluso la Cruz Roja ha intervenido para humanizar ese conflicto generado por los parches, pandillas que están desangrando las capitales del país”. Recuerda que una de las problemáticas más agudas se presenta cuando los habitantes de los barrios tienen que cruzar las fronteras para ir a la escuela o al centro de salud. Sucede es que la deserción escolar aumenta por el miedo y la gente deja de acceder a los servicios básicos por el riesgo que conlleva moverse en esos territorios. Federico Uribe (Colombia), de Telemedellín, cuenta que en su experiencia cubriendo procesos de paz en los barrios de Medellín entendió que dentro de las ciudades hablar de “territorio” no necesariamente es referirse a grandes extensiones sino que puede ser a una casa o a una cuadra aunque, por supuesto, también puede ser de un barrio entero.

Alvarado explica que la investigación que realizó mostró que este problema, asociado al microtráfico y a otras prácticas violentas, “en parte son consecuencia del desamparo en el que las víctimas del conflicto han vivido durante décadas. Más de 40 años han estado a la deriva, en el olvido”. Quienes habitan en las ciudades capitales y oyen hablar de víctimas del conflicto armado “se imaginan a un campesino con una gallina. Y no saben que en los suburbios de sus propias ciudades están las víctimas olvidadas que tienen que dejar a la deriva a sus hijos porque salen desde muy temprano a trabajar. Y estos niños que se quedan ahí, ¿a qué se dedican?”

Se sabe, continúa, que la reparación al desplazamiento no se soluciona con políticas paternalistas, como ha sucedido en muchos casos, entregando a las víctimas viviendas de interés social a las víctimas. Katherine Estacio (Colombia), de Telepacífico, se refiere a que, en Cali, muchas de esas viviendas ya conforman barrios habitados por víctimas de todo tipo. “Son desplazados, afectados por invierno, personas diversas, con costumbres distintas. El problema es que les entregaron unas viviendas pero no una forma de trabajar ni de sostenerlas”, agrega. Algunas están tan alejadas del centro de actividad de las ciudades que les toma demasiado tiempo movilizarse. Además, “se sabe que en algunos de estos barrios hay amenazas, vacunas e incluso desplazamientos interurbanos. Muchos de estos se han convertido en focos de inseguridad donde hay fronteras invisibles y se generan balaceras”, lo que complica aún más la situación de las víctimas y su inserción social.

Aunque en el escenario público colombiano la categoría de víctima es muy reciente, los medios han sido fundamentales para visibilizarlas y mostrar sus complejidades, sostiene Ruiz. Recuerda que también fue fundamental el proceso de Justicia y Paz, que “las puso como un actor relevante, aunque lo hizo por confrontación negativa; aún así fueron cobrando voz”.

Hoy, con el proceso de paz con las FARC, empezamos a ver todo tipo de matices. Explica que, antes, el foco de atención estaba concentrado en las víctimas de los paramilitares y en las del Estado. Ahora se reconoce que dentro de las FARC también ha habido víctimas y no solo en los casos de secuestro, “que ha sido su gran terreno de victimización. Las propias FARC han tenido que vivir un proceso para que se entiendan como victimarios. Y no sé si lo hayan hecho del todo”, dice Ruiz.

Lo mismo ha sucedido con el Estado, que ha sido “un gran victimario”. Tal vez lo más contradictorio en esto sea el hecho de ver “una institucionalidad esquizofrénica: mientras le da el cheque a las víctimas protege los intereses de los grandes compradores de tierras”, añade.

La figura de las víctimas se ha distorsionado y varios sectores lo han usado para obtener beneficios políticos. Es el caso del Partido liberal y de la izquierda. En el caso del primero, no se entiende que tomen la vocería de las víctimas, cuando “en muchos lugares donde hubo masacres estaban aliados liberales”. Y en el de la izquierda, “que ha sido el gran defensora de las víctimas”, ahora tienen que plantearse si hablan de todas, incluidas las de las FARC, o si solo se refieren a las otras, sostiene Ruiz.

Chica recuerda que las negociaciones en la Habana -que es solo una de las varias estrategias gubernamentales para acabar con el conflicto- han generado “una excesiva concentración mediática”. Lo grave de esto, añade, es la polarización que se ha creado y que representa una amenaza para las víctimas, pues “nos han puesto a escoger entre buenas y malas, las de las FARC, las de los paras, las del Estado. Y estas son discusiones inocuas porque lo que tienen en común es que son víctimas”.

A pesar de ello, Andrés Bermudez (Colombia), de la Silla Vacía, considera que es vital entender “cómo están organizadas, cómo dialogan entre sí, (…) pues su universo es tan heterogéneo y diverso como lo son, por ejemplo, sus reflexiones, sus disputas”. En las investigaciones que ha llevado a cabo ha visto tal cantidad de matices que si estos no se toman en cuenta es difícil “explicar o entender algo de todo lo que está pasando”.

De otro lado, Ruiz cree que los periodistas deben ser críticos pues en el movimiento de las víctimas, dice, también hay muchos intereses en juego. Por ejemplo, la política de restitución debería tener un componente de equidad social, pues “la gente se hace pasar por víctima para, de forma más rápida, garantizar sus derechos o acceder a ciertos recursos”. Para Refik Hodžić (Bosnia) esto es común a todos los procesos de reparación. Explica que durante los acuerdos de paz, en Bosnia, se crearon beneficios para tres grupos étnicos distintos. Y cuando apareció el dinero “súbitamente todos eran víctimas”. Los programas de reparación en el mundo están apuntando a desarrollar procesos que complementen la obligación del Estado y propicien la igualdad en la sociedad. Y es que “no hay ciudadanos igualitarios cuando hay víctimas”, concluye.

Una de las ideas equivocadas que se tienen respecto a las víctimas es aquella que la asimila a “un mendigo que pide ayuda al Estado”, dice Carlos Chica. Otra es que se piensa que “la reparación es un acto administrativo mediante el cual el Estado le entrega una compensación económica a la víctima y no más. Sin embargo, es inmoral reducir la reparación integral a esta figura del cheque”, cuando en realidad lo que se busca es generar condiciones “para su inclusión social, para la reconciliación y para la construcción de la paz”. En ese contexto tan complejo, la indemnización es solo una herramienta que contribuye en el proceso. Pero para que eso se entienda, tiene que haber un componente pedagógico muy intenso pues “ni la dignidad ni el sufrimiento se paga con un cheque”, enfatiza Chica.

La reparación integral está pensada como una de las muchas estrategias que buscan poner fin al conflicto propiciando la inclusión social de todos los sectores. Chica lo explica así: “el victimario es una persona que se reveló contra el Estado, contra el pacto social, quiso suplantarlo. La reparación integral trae a la víctima así como al excombatiente al pacto social. (…) Lo que se juega en La Habana, entre otras, es generar condiciones para que [los actores armados] se reencuentren con la víctima y con el Estado, y puedan reconciliarse todos con todos”.

Crear las condiciones para que la paz sea posible es tan complejo que el Estado ha tenido que trabajar desde muchos frentes, a través de diversas unidades, agencias y departamentos, adscritos todos ellos a distintos ministerios. Chica hace un recuento de lo que es preciso consolidar y que se resume así: “Ley de víctimas; provisión del bien público de seguridad/justicia; desmovilización, desarme, reintegración de combatientes, desminado humanitario y prevención del reclutamiento; lucha contra la pobreza extrema (DPS y ANSPE); consolidación y reconstrucción territorial (UACT); reparación integral a las víctimas (UARIV); restitución de tierras (URT); y reconstrucción de la memoria (CNMH)”.

Algunas de las estrategias gubernamentales son: “Las negociaciones de La Habana, el diseño de políticas de desarrollo agrario integral, participación política de los reintegrados a la sociedad civil, solución al problema de las drogas de uso ilícito, reconocimiento de los derechos de las víctimas, construcción participativa de la paz en los territorios, aplicación de los mecanismos de justicia transicional y todo lo que implica el fin del conflicto -cese al fuego, dejación de armas, revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, tratamiento de las organizaciones criminales, paramilitarismo, garantías de seguridad-”, entre muchos otros aspectos[1].

El proceso depende de la resolución de tantos factores que no solo están involucradas instituciones estatales sino también la empresa privada y gobiernos extranjeros. Y es que “un problema de tal magnitud, necesita soluciones multidimensionales con diversos actores”, dice Chica. El proceso es tan costoso que se diseñó un plan de financiación para el posconflicto a 10 años. Sin embargo, fue planteado cuando había 4 millones de víctimas registradas, hoy la cifra supera los 7 millones.

Para Marta Ruiz, los periodistas deben analizar el tema de la reparación no solo desde las lógicas o estrategias estatales sino, también, desde sus contradicciones. “No puedo reparar unas víctimas y hacer un acuerdo político con quienes los victimizaron. Ahí hay una cosa de doble moral que es muy complicada y que tenemos que empezar a ver políticamente. Es importante mirar cómo funcionan los intereses y el juego político”. Además, habría que ver si el diseño institucional de la reparación está hecho para la no repetición. “Estamos en una vulnerabilidad enorme. Se pueden desmovilizar los que quieran pero mientras lo que pasa en los territorios no sea reparado…”.

Citando a Fals-Borda, Chica explica que es necesario que Colombia “se reorganice política y administrativamente en función de sus territorios”. No es lógico que en la actualidad el país siga estructurado bajo la figura político-administrativa heredada de la Guerra de los Mil Días (1889-1902) que dividió el territorio en departamentos, municipios y distritos. Ese diseño, dice, obedece más bien a una estrategia electoral. Repensar “el ordenamiento territorial es sustantivo para el desarrollo local, la reparación, la restitución y la reforma rural integral, que apuntan a socavar las bases del conflicto”. Por eso, los asuntos territoriales no se pueden planear desde las oficinas de los políticos en Bogotá. Entre otras porque “el territorio es una construcción social” que depende de aspectos demográficos, productivos, ambientales, culturales y políticos muy específicos. Al día de hoy, en Colombia, están identificados 300 territorios. Cuando se tienen en cuenta las particularidades de cada uno se entiende por qué “es distinto hacer un Plan de Desarrollo para el departamento de Córdoba que para la depresión momposina[1]”, sostiene.

En ese contexto de las especificidades territoriales, Bety Martínez (Colombia), corresponsal de Caracol TV en la Guajira, pregunta a Chica cómo está pensada la reparación de la población wayuu de Bahía Portete. Chica comenta que éste es uno de los casos más emblemáticos. Las complejidades en estos procesos se deben, en parte, a que “en el Estado predomina una concepción centralista, blanca, y se asume que éste llega a las comunidades a resolver los problemas”. A raíz de las dificultades se ha podido entender que “para avanzar en los procesos de reparación colectiva étnica se tienen que respetar la consulta previa, las costumbres, las autoridades locales, la cultura, entre otras. (…) Estos procesos le han ido enseñando al Estado cómo es que relaciona con sus concepciones del territorio, de la población, de la sociedad, de la cultura, etc.”. Además, en estos espacios donde se profundiza en el ejercicio de la democracia hay que buscar un acuerdo entre las víctimas, entre lo que éstas consideran que es una reparación colectiva. Pero para eso, “hay que democratizar el acceso y el liderazgo, para que los intereses de las víctimas estén representados en las mesas departamentales y municipales”. De ahí la importancia de fortalecer los liderazgos locales y regionales.

Jesús Abad (Colombia), por su parte, recuerda que el caso de Bahía Portete no ha avanzado, entre otras, debido a las disputas que se han generado entre las mismas comunidades. Sabe que ha habido familias que se han hecho pasar por autoridades tradicionales y han ido a “visitar gente en Bogotá para causar ruido. Y en Bogotá, con ese desconocimiento de lo que es un territorio de comunidades indígenas, a veces paran los procesos para luego empezar a recomponerlos”. Aunque el problema no se remite a lo que sucede en la capital, sí es claro que deberían hacerse investigaciones mucho más profundas y evaluaciones de riesgos en las comunidades, concluye Abad.

Otro tipo de situaciones relacionado también con los territorios indígenas es referido por Andrés Bermúdez, quien conoció de primera mano el caso del retorno de 160 familias emberá katío desde Medellín, a un resguardo en las montañas de Chocó[2]. Aunque se diseñó “una estrategia de vanguardia” en la que participaron más de 40 entidades, el proceso de retorno tomó dos años. Y, a pesar de que fue un éxito, ninguna de esas entidades visitó el resguardo. Bermúdez cree que hace falta “meterse en las regiones para identificar los problemas desde dentro, que es desde donde se ven mejor. A veces pensamos el tema de las víctimas focalizando la atención en ciertos actores, pero no miramos la complejidad de los procesos”.

Más de siete millones de víctimas del conflicto. “Cuando se piensa en ese número de personas a las que les han sido vulnerados sus derechos, su desarrollo, entendemos que la reparación integral es apenas el inicio del proceso de inclusión de la víctima en el gran proyecto nacional. Y es que este solo dato todavía hoy tiene que seguir siendo noticia”, enfatiza Chica. Cualificando la información, los medios pueden ejercer un control social vital. Pero hay que preguntarse, cuestionar los hechos, las cifras, investigar a fondo.

Andrés Bermúdez considera que también es fundamental que el periodista “se eduque para entender a las víctimas, (…) para dimensionar lo que viven a todos los niveles, desde el humano hasta el social, y así poderlas mostrar como personajes más complejos de lo que el periodismo a veces las presenta”. Añade que, para ello es necesario estar en el terreno, lo mismo que para encontrar las historias que permitan comprender de forma más completa lo que sucede hoy y lo que sucederá con el proceso de paz en los territorios.

Marta Ruiz piensa que hay tres aspectos que los periodistas debería considerar: el primero, es que “uno de los efectos más brutales que ha tenido el conflicto en Colombia es que afectó la libertad de expresión no solo de los periodistas sino también de la gente”. Y eso ha influido en la capacidad de decisión de los pueblos. Por eso, dice, es fundamental “activar el debate en las regiones”. El segundo aspecto tiene que ver con la necesidad de que hablemos ya no de víctimas sino de ciudadanos. Y el tercero se relaciona con aquello que dice León Valencia respecto a que “hay tres patas para construir la paz: una, construir Estado; otra, construir economías legales; y otra, construir ciudadanía”. En este último punto, recuerda, los periodistas son fundamentales pues “esto se construye con información y con debate público y nosotros somos unos moderadores naturales del debate público”.

Para Jesús Abad hay que tener presente, siempre, que “el ejercicio del periodismo es para la gente y por la gente”. Hoy en día, dice, los periodistas piensan que su labor es solo la de publicar en un medio de comunicación, pero se equivocan. “Uno se tiene que volver un pregonero, un medio ambulante, un conferencista que se relacione con personas de muy diversa índole y que dialogue sobre lo que es la guerra y el dolor”. Y cuando eso sucede, el periodista “asume la responsabilidad de construir un país distinto”. Sin embargo también hace falta saber de dónde nace la violencia que hoy ha degenerado en barbarie, porque si no se conoce la historia del país se corre el riesgo de no entenderlo.

El periodista también tiene que “formarse en términos políticos y humanos”. Abad, que ha documentado como pocos el conflicto en Colombia, no se conforma con quedarse en el rol de fotógrafo de guerra. “Tengo que ayudar a mover la conciencia de los periodistas, de los empresarios. La maldad no solamente proviene de la gente que maneja las armas, a veces son más inocentes que los que gobiernan las regiones y se roban la plata”, dice.

“Tenemos que hablar de la experiencia íntima, porque primero fuimos personas, habitantes de un territorio, y luego periodistas”, dice Soraya Bayuelo (Colombia), del Colectivo de Comunicaciones, Montes de María, Línea 21. Explica que es inevitable sentirse afectado por la violencia que ha azotado a las regiones y eso, en el caso del Colectivo, ha influido en las decisiones editoriales. Respecto a las 104 masacres que vivió su región, cuenta que optaron por no dar información inmediata. En cambio, se dedicaron a hacer crónica, documental e incluso “para poder vivir inventamos otro formato en torno a la construcción de la memoria histórica, a través de las canciones, las décimas, la tradición oral de los Montes de María. Ha sido una forma de denuncia pero también de mantener la tradición”.

El conflicto les hizo entender que, como periodistas, debían construir esos relatos con la gente, con las víctimas. “No hacemos historias sobre ellas sino desde y para ellas, entregándoles voz pública y política. Son ellas quienes construyen desde lo íntimo, luego desde lo colectivo”. Y también son ellas quienes deciden si publicarlo o no. Esta opción es mucho más consecuente porque, como recuerda Gabriel, un líder de Mampuján, “los periodistas han cubierto tanto a las víctimas que ya no se ven”.

Jesús Abad explica que es importante caminar el país, ponerle nombre a las víctimas, indagar sobre lo que siente la gente, hablar de sus recuerdos familiares. Es de ahí de donde salen “imágenes que tienen memoria simbólica. En los medios es probable que no le encuentren el sentido poético, estético. Pero esas son las que nos ayudan a entender el derecho a la vida porque son fotos que retratan el olor, el sonido, la globalidad de la guerra”.

Los medios, dice Marta Ruiz se han esforzado por mostrar a las víctimas “como actores sociales y políticos, no como desposeídos carentes de cualquier capacidad de decisión”. Y es que deben ser entendidas y visibilizadas como ciudadanos que luchan por el reconocimiento de sus derechos. En el cubrimiento, explica, hay que ir al fondo, al tema político, y analizar los contextos; todo ello permite ver los juegos de poder. El periodista debe saber que son tan importantes las narrativas emocionales como las interpretaciones racionales y críticas. El gran riesgo “es caer en la banalidad, la espectacularidad o en las estéticas dramáticas que le quitan a la gente la capacidad de empoderarse”.

Eso puede suceder cuando, como dice Donna de Cesare (Estados Unidos) para construir una narración gráfica sobre las “heridas físicas o emocionales” de los otros es necesario “darle tiempo al arte”, distanciarse un poco de lo registrado antes de construir el relato. Sin embargo, cuando no se logra, “abrumados por el estado de angustia vamos a buscar refugio en la fórmula”.

Por su parte, Marcela Zamora (El Salvador), de El Faro, explica que en su labor como periodista “pretende contar la complejidad que tiene una realidad en particular, no la realidad. Y así, el espectador puede sacar sus propias conclusiones”. Para eso, el tratamiento periodístico tiene que partir de un hecho claro y es “la universalidad de las víctimas”. Quizá con la historia que yo cuente podrá sentirse identificado un africano, un asiático, un centroamericano, porque “cuando cuento la historia de las víctimas de mi país estoy contando la de las víctimas del mundo. No estamos cubriendo nuestras víctimas sino las del mundo”.

Zamora habla de los retos que ha encontrado en su praxis audiovisual. El primero se relaciona con la forma en que el periodista aborda las tragedias y se aproxima a las víctimas. Es fundamental, dice, separar los sentimientos de la razón. A veces hay hechos que pueden generar un gran impacto, pero si se quiere hacer una reconstrucción racional es necesario entrevistar a tantas personas como se pueda; eso ayuda a dimensionar los hechos de forma más real. Normalmente, dice Zamora, “las víctimas me dan más de lo que yo les puedo dar a ellas. Pero para eso tengo que ver al otro desde la igualdad no desde la desigualdad. Y es que las víctimas son seres humanos que luchan por ser escuchados y el periodista simplemente le da una mano para que su voz se oiga”.

El segundo reto es no revictimizar ni poner en riesgo a la persona que entrega su testimonio. El periodista debe ser muy responsable con lo que publica; a veces la información puede ser relevante pero “con eso puedes matar a tu víctima. No es ella quien decide si salir o no, sino tú como periodista, que eres quien está afuera, y puedes ver si la puedes afectar”. Aunque sea la historia de la vida, dice, nuestro deber es proteger la vida del otro. En ocasiones también hay que convencer a las personas de que es clave contar lo que saben y cuando lo hacen, esa confianza que nos entregan debe ser correspondida con un tratamiento comprometido de la noticia.

El tercer reto tiene que ver con la permanencia y la persistencia; ambas son claves para entender la complejidad de los hechos y dimensionar los testimonios. Es necesario permanecer en el terreno, hacer inmersión y trabajar a la fuente, ganarse su confianza con honestidad, en vez de acercarse “como ave de rapiña, con la actitud de ‘necesito ver tu sufrimiento y llevármelo’”. Por el contrario, hay que explicarle a la gente en qué consiste el trabajo que se está haciendo así como las implicaciones que pueden tener sus testimonios. Y es que “lograr tener una intimidad con la víctima es cuestión de tiempo y honestidad, para mí, esa es la clave”, asegura. Por último, dice, es vital aprender del otro: “A veces es más importante guardar silencio frente a la tragedia y saber escuchar a la víctima”.

Por su parte, Stephen Ferry (Estados Unidos), cree que el reportero gráfico debe saber representar a la persona que está padeciendo un gran dolor o que ha sido víctima de una hecho atroz, no solo pensando en ésta sino también en el impacto que las imágenes tendrán en los espectadores. Donna de Cesare enfatiza en que, aunque se reporten noticias del día donde la inmediatez marca el ritmo del cubrimiento, no se puede pasar por encima de la víctima. Parte del trabajo del periodista, afirma, “es ganar la confianza de la gente, y merecerla”. Cuando eso se logra, “la intimidad emocional, más que la simple proximidad con la víctima hacen posible la matización”. Y para evitar que las fotografías muestren lástima en situaciones dolorosas, Cesare obtura cuando logra conectar su mirada con la de la persona a la que retrata. Siente que la invade un sentimiento de amor por esa persona, dice, y que es recíproco. Cultivar el respeto del otro toma tiempo; comprender esto es igual de importante que “saber cuándo tomar la foto y cuándo poner la cámara a un lado”.

La experiencia y los kilómetros recorridos por los campos y montañas de Colombia le han enseñado a Jesús Abad que “las fotos tienen que pasar no por el dedo con que obturas sino por el corazón”. Y también ha aprendido que a través de un tratamiento comprometido, el periodismo puede humanizar el conflicto: “Cuando veo a los combatientes llorar y amar, lo que trato de hacer con la fotografía es devolverles un poco de la dignidad que les roba la guerra. Les recuerdo quiénes son, los veo como seres humanos”.

Donna de Cesare recuerda que el reportero gráfico está sujeto a situaciones que le generan mucho estrés y, por eso, debe desarrollar estrategias para “autoprotegerse”. Y no se trata solo de fotografiar la escena de un crimen, un acto violento o a una víctima de un desastre natural. Luego, para construir la narración, debe ver una y otra vez las imágenes captadas. La Academia Americana de Psiquiatría, dice Cesare, en 2013 publicó una investigación en la que explica que “el trabajo de inmersión con la imagen es un factor de riesgo para los periodistas que están observando esas imágenes de forma regular en su trabajo”.

El Dart Center for Journalism and Trauma[1], informa Cesare, se ha dedicado a producir e intercambiar material con diversas redes de periodistas, a fin de asesorar a quienes cubren temas de violencia y desastres naturales en el mundo. Entre otros, el Manual “Tragedias y periodistas[2]”, explica cómo entrevistar y cómo escribir sobre las víctimas, cómo cubrir tragedias en la propia comunidad y desde el ámbito de la reportería gráfica, cómo cuidarse a sí mismo y aprender a manejar el estrés postraumático. Aprender sobre las formas en que este último impacta física y emocionalmente y sobre cómo afecta el funcionamiento del cerebro es vital para los periodistas. De hecho, eso “tiene que ser parte de la agenda editorial del periodismo”, añade.

Para Cesare, el reportero gráfico debe enfrentarse al estrés en tres etapas. La primera, es “cuando se registra la evidencia del primer impacto de un sentimiento”. El segundo, es “cuando pone distancia con lo que presenció y registró”. Y, el tercero, se produce en el momento en el que “narra las historias que no tienen solución pero que necesitan contarse”. A veces no aceptamos o no nos damos cuenta de lo vulnerables que somos y de que necesitamos solidarizarnos con otros periodistas que también cubren eventos traumáticos.

En ese sentido, Jesús Abad, dice que hablar sobre los momentos difíciles que ha atravesado como periodista lo afecta. Recuerda las dos veces que fue secuestrado. La segunda vez se lo llevaron junto con un policía. Cuando liberaron a Abad cuenta que fue a visitar a la esposa del policía para darle esperanzas. Sin embargo, 20 días después lo mataron. “Yo me desbaraté. Sentí que ese día me moría”, afirma. Y sin embargo, los colegas no lo entendían. “Nos secuestran, nos amenazan, pero hay que seguir trabajando; al día siguiente lo mandan a uno a cubrir otro secuestro”. En vez de eso, dice, debería haber un acompañamiento con ayuda profesional y permitirnos hablar de los traumas. Y, en el ámbito laboral, los colegas podrían ser más conscientes y, por lo tanto, más empáticos cuando un compañero acaba de vivir una situación difícil. Pero sucede lo contrario, sigue Abad, uno puede caminar la noche entera pero en el medio donde uno trabaja no hay consideración alguna, al día siguiente hay que publicar, como sea. De otro lado, “la gente no se pregunta lo que pasa en la familia del periodista”. Mucho menos por “la forma como se ha cubierto y documentado la historia de este país”. A veces las historias más trágicas se abordan con mucha banalidad, dice. Pero hacer un buen periodismo implica “ser conscientes de que la secuelas psíquicas son reales”.

Cesare coincide. Ella lo llama “periodismo consciente del trauma”. Y no solo se refiere al de quien cubre el hecho violento o el desastre natural. También al trauma de los que viven en carne propia las tragedias. Existe un “derecho público a conocer” lo que sucede, explica, pero también unas víctimas cuya dignidad debe ser respetada. Son sobrevivientes de tragedias, y eso no hay que olvidarlo nunca.

Con el fin de contrarrestar un poco lo que el reportero gráfico o el periodista ve en su trabajo, dice Cesare, “necesitamos tener en mente imágenes que nutran nuestras almas”. Eso ayudará también a construir “narraciones que muestren los sueños y las luchas para superar el impacto de la violencia. Podemos mostrar a los sujetos [a las víctimas] como protagonistas de su propio proceso de recuperación”. Para Soraya Bayuelo, esas son estrategias narrativas que “suavizan un poco las penas”. No debería hablarse solo de la guerra sino también de la “resistencia, la sobreviviencia y la resiliencia”. De otro lado, dice, el periodista necesita tiempos de reposo, “de colchón”, en los que no se hable del conflicto, pero también en los que baile y cante.

A veces hay momentos, expresa Bayuelo, en que “uno requiere de un abrazo en las salas de redacción, a veces uno solo quiere llorar en esos espacios”. Cuenta cómo vivió la masacre de El Salado: “Me paralicé dos horas y lloré y lloré. ‘La muerte me vino a buscar y yo le dije: ¡carajo, respeta![3]’. Cantar ese tema de Nando Covo fue una forma de blindarme porque era muy duro estar preso en el propio territorio. Cantar me rescató. A veces uno se tiene que reinventar en situaciones difíciles para salir de ese conflicto”, concluye.

Para Pedro Vaca, el oficio del periodismo se ve ha visto afectado por el conflicto en formas diversas, unas más visibles que otras. En su opinión, el debate parte de una contradicción y es que se habla de la paz al mismo tiempo que se padece la guerra. En ese sentido, hacer periodismo en Colombia “sigue siendo muy complejo”, dice. Entre otras porque aunque “hay libertad de prensa con medidas de protección”, no se trabaja en aquello que produce las amenazas y genera los riesgos. Además, no todos los casos que solicitan protección pueden ser tramitados “porque no hay una institucionalidad que las pueda cobijarlos todos”. Esto y otros factores ha contribuido en muchas regiones a la desprotección, censura (o autocensura) y asesinato de periodistas. Ellos saben que hablar sobre ciertos temas significa exponer la vida y esta circunstancia “entra en conflicto con la cobertura hacia las víctimas”, explica Vaca.

A pesar de tener que afrontar estas dificultades, a los periodistas parece que se les exigiera cubrir los temas relacionados con la guerra, como si se tratara de realizar un trabajo cualquiera. Y es que, al hacerlo, también se convierten en víctimas aunque algunos no sean conscientes de ello, dice Vaca. La FLIP ha seguido 1930 casos que incluyen desde amenazas y estigmatizaciones por parte de la fuerza pública hasta agresiones y asesinatos. Muchos de estos “se solucionan en el terreno o no son reportados”. Explica que 63 de los 142 casos de asesinatos han prescrito. Mientras el periodista lo arriesga todo “parece que el mensaje es que nada le pasa al victimario”, afirma Vaca.

Se sabe que, por ejemplo, que “la informalidad de la vinculación laboral de los periodistas en las regiones ha facilitado la agresión. Una medida de blindaje (…) puede ser formalizar su condición laboral”. Y en cuanto a la estigmatización hacia la prensa, que puede llegar a ser una forma de agresión o amenaza, desde la FLIP se tiene ya identificado un patrón. En esos casos, “el Estado tiene que hacer un compromiso para garantizar la cultura de la libertad de expresión”. Y, por lo tanto, tendría que haber sanciones para quienes estigmaticen públicamente a los periodistas pues en un país en guerra eso tiene implicaciones muy delicadas.

Continúa explicando que existen otras situaciones que dificultan el ejercicio del periodismo y que quizá no se han visibilizado lo suficiente: “En Colombia hay ochenta emisoras que son del ejercito y de la policía. Ochenta frecuencias puede ser excesivo y manda una señal de que la información está militarizada. En cuatro regiones del país, las FARC también tienen señales ilegales”. O, en regiones periféricas, como el Guaviare, para 4 municipios y 160 mil habitantes solo hay 15 periodistas, 9 de ellos reportando para los medios nacionales. “Cuando tenemos ese panorama -continúa Vaca- existe un tejido comunicativo por construir. No es la victimización directa del periodista, sino qué tan desinformada está la sociedad porque nunca le dejaron a aquél hacer bien su trabajo”. A esto se añade el que en muchas regiones los periodistas deben seguir pautas de comunicación institucionales o que tienen “cercanía con los discursos oficiales”. Sin embargo, “el cumplimiento del mandato del poder público también tienen que estar en escrutinio”. El mensaje oficial no puede ser el único que reporten los periodistas en las regiones. Todo lo anterior también se relaciona con el trabajo que es necesario llevar a cabo respecto al tema de las audiencias; hay que empezar a construir otro tipo de narrativas.

Hay un componente simbólico muy fuerte en la reparación colectiva. La misma existencia del proceso ya es el reconocimiento de un daño. El Estado se sienta y nos pone a conversar sobre el diagnóstico del daño partiendo que lo hay y que quiere reparar”, dice Pedro Vaca. Esta experiencia de construir en colectivo las bases de la reparación del gremio llevan a pensar en que hay dos temas que no podrán ser reparados si primero no se resuelven: protección y justicia.

El primero tiene que ver con el riesgo que implica ejercer el periodismo cuando se sabe de “las falencias dentro del sistema de protección”. Tal vez en la base está el hecho de que “puede que se proteja a la persona pero no la labor del periodismo”. Explica que en el sistema de protección hay tres momentos: el del riesgo, el de la atención al riesgo y el de después. Dependiendo de dónde trabaje el periodista que es amenazado, la respuesta del Estado puede producirse en cuestión de horas. En las regiones, sin embargo, “la credibilidad es diferente. Hay un trato discriminatorio”. Otro problema reside en que aunque el estado ofrece medidas de protección para prevenir los ataques, la normativa dice que cada año debe revisarse. Así que si las autoridades determinan que la amenaza no está vigente retiran la protección. Y hay casos en que, luego de eso, el periodista es asesinado. Para evitarlo debería haber una “complementariedad entre la investigación del CTI y la protección”, pero no es así. Mauricio Castilla (Colombia), que se presenta como periodista víctima de persecuciones, acoso laboral, censura y además, hijo de padre periodista asesinado, concluye que en Colombia “ejercer el periodismo es un oficio suicida”.

El segundo tema que plantea Vaca se relaciona con que, por más de que la Fiscalía hable de que “está priorizando algunos casos, los victimarios no están siendo sancionados”. Y algo que quizá no se está valorando es “el efecto amedrentador” de un asesinato. “Matar a un periodista es gravísimo pero el efecto más invisible y nocivo es que se mandó un mensaje a todos los demás periodistas diciendo, ‘no cubran estos temas’”, recuerda Vaca. En ese sentido, Jesús Abad (Colombia) es enfático al anotar que cuando un periodista es asesinado es importante seguir el proceso de investigación pero también ver cómo reaccionan los medios de comunicación. Algunas vez lo justifican y otras lo ignoran. Y es que “existe una falta de solidaridad muy grande del gremio de comunicadores con los periodistas regionales”, sostiene. Pero la pregunta de fondo es de qué forma “la sociedad asume que la vida de un periodista es importante”. Hay que cambiar la idea “de que los periodistas nos metemos donde no nos importa”, añade. Vaca cree que es urgente resolver estos asuntos para luego sí “pensar en cuál es el ese daño colectivo y cómo se repara”.

Aunque el Comité de impulso está explorando alternativas, habría que preguntarse si quizá algunos de los asuntos de fondo tengan que ver con “que hay que mejorar las condiciones laborales, igual que los programas de capacitación en las universidades; o con la inexistencia de créditos blandos que servirían para crear medios de comunicación en zonas donde no las hay; e incluso con la modificación a cómo se regula la asignación de frecuencias, que garantizaría la pluralidad del espectro radioeléctrico”. Todo esto, dice, tiene que ver con la reparación colectiva. Lo importante es situar el análisis “desde las prioridades regionales”.

Ricardo Corredor hace un recuento de cuáles son los puntos a tener en cuenta en esa construcción colectiva que se lleva a cabo en el Comité. En primer lugar, dice, es importante saber que la reparación colectiva es un proceso, y la reparación individual otro. Es decir, “la suma de las reparaciones individuales no resuelve las reparación colectiva”. En segunda instancia, aunque se creó un comité de 35 personas de diversas regiones, entre ellas, además de periodistas, familiares de quienes fueron asesinados o son perseguidos, algunos cuentan con protección especial. Sin embargo, cuando hay reuniones a las que hay que desplazarse se le dan las facilidades al periodista o al familiar pero no a la gente que lo protege. Mauricio Castilla, otro de los miembros del Comité, menciona un asunto relacionado y es que, al menos en Córdoba, el solo hecho de pertenecer al Comité ya implica un riesgo y, por lo tanto, “en algunas regiones del departamento ningún periodista ha querido hacer parte por temor a que se repita la historia”. Esto para hablar de la complejidad que rodea el proceso. Y el tercer aspecto, explica Corredor, es que el Comité aún se encuentra en la fase de diagnóstico del daño colectivo. Una vez se haya hecho, entonces, podrá empezar el proceso de reparación.

Pedro Vaca y Carlos Chica coinciden en que uno de los mayores retos de este proceso es aprender a trabajar en equipo. Para el primero porque “somos una comunidad que se junta mucho para hablar de los problemas que suceden afuera pero tenemos muy poca práctica para llegar a acciones comunes que nos permitan generar acuerdos”. Para el segundo, el reto de trabajar en equipo tiene que ver, sobre todo, con que “las afectaciones emocionales individuales de muchos periodistas a veces no les permiten propiciar un proceso colectivo”. En cualquier caso, dice Vaca, “más que la finalidad de llegar a un diagnóstico se trata de encontrar cómo metodológicamente llegar a él y proponer medidas de reparación”.

Corredor, por su parte, recuerda que este proceso de reparación colectiva a periodistas víctimas del conflicto no tiene antecedentes en el mundo. Refik Hodžić (Bosnia) coincide en destacar que ésta es una experiencia única y sugiere que quizá podría tomar ideas de reparaciones colectivas hechas a comunidades en otros procesos.

Refik Hodžić, director de comunicaciones de la ICJT[1], explica que hacia 1992 hubo una masacre en el pueblo donde vivía, en Bosnia-Herzegovina. De los 27 000 habitantes, 5000 fueron asesinados. Esto, por no hablar de los campos de concentración que proliferaron y que recordaban a los de la Segunda Guerra Mundial. “Imaginarán que cuando empecé como periodista, en 1996, no tenía mucha opción, pues los eventos para cubrir eran sobre víctimas”, dice. Cada familia en el pueblo había padecido desplazamiento, muertes, torturas, o había sido internada en campos de concentración. Y lo menciona porque es importante “recordar el contexto local desde el que se discute la justicia transicional así como reflexionar sobre los desafíos que otros medios de comunicación han encontrado en otros países”.

Explica que el concepto de justicia transicional “incluye justicia criminal, juicios a perpetradores (…), comisiones de verdad, reparación de víctimas y reforma constitucional”. Y está inspirado en el Reporte del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad, en 2011[2]. Lo fundamental es que se asuma que la justicia transicional “un proceso de transformación de la sociedad que ha padecido un abuso masivo de derechos, no una solución mágica que propicia el cambio social”. Y para que éste se dé es preciso “resolver políticamente los problemas y poner mucha atención al desarrollo económico”, así como involucrar a sectores como “medios, instituciones educativas, religiosas, etc.”, dice Hodžić.

Asegura que en las dos ocasiones que ha visitado Colombia ha preguntado a personas distintas acerca de lo consideran que es la justicia transicional. Y le han dado respuestas muy puntuales sobre el tiempo que estarán los militantes de las FARC en la cárcel, la Ley de víctimas o la reparación. Esto le hace pensar que los medios de comunicación tal vez se han concentrado solo en determinados aspectos en vez de hacer notar que se trata de un proceso largo y complejo.

De otro lado, Hodžić menciona que “la justicia transicional está anclada a los derechos de las víctimas”. O dicho de otro modo, “los derechos de las víctimas son el vehículo de la justicia transicional”. El caso de Suráfrica es un buen ejemplo de ello. Cuenta que, aunque la gente en ese país quizá no la considere un éxito, mecanismos como las comisiones de verdad propiciaron dos cosas muy importantes: “ayudó a movilizar a una población que estaba a punto de iniciar una guerra y consiguió que las historias del apartheid que antes se habían negado fueran debatidas públicamente”. Así, la justicia transicional fue un vehículo para dar voz a las víctimas del apartheid. De cierta forma, éstas representaban lo que la sociedad quería expresar. Hay que reconocer también que parte del éxito se debió a que Nelson Mandela se involucró activamente desde el ámbito político pero también de forma personal.

Hodžić Menciona que el establecimiento del Tribunal Penal Internacional, en 1993, para juzgar los crímenes cometidos en Yugoslavia y, en 1994, para Ruanda[3] abrió la posibilidad de “tener cortes híbridas”, que se ocuparan de lo que no se había podido resolver en los conflictos respecto a la violación de los derechos de las víctimas. Eso significó “un nuevo entendimiento de que la impunidad no podía ser permitida”. Y todo esto también permeó en la Corte Penal Internacional.

Para Hodžić es fundamental “recordar los desarrollos que han resultado de la justicia transicional así como los casos en que ésta ha sido aceptada como elemento legítimo de negociación”. Y es que, “para que la paz sea sostenible, la justicia tiene que ser parte del proceso”. En ese sentido, el Reporte del Banco Mundial de 2011, “Conflicto, seguridad y desarrollo[4]” fue decisivo porque, como explica, “por primera vez se admitía que si no había justicia en los conflictos, estos se repetirían y la paz conseguida sería frágil”.

Aunque cada conflicto es único, dice, una sociedad puede aprender lecciones de otra. En los últimos 20 años ha habido varios países en los que ha habido negociaciones de paz, comisiones de la verdad, programas de reparación, como parte de los procesos de justicia transicional.

“Los asuntos sobre política son fundamentales para la sociedad”. Por eso, opina Hodžić, los medios deberían cubrirlos sabiendo que se enfrentan a muchos desafíos, especialmente durante el desarrollo del proceso de paz. Uno de ellos es la polarización. Y a veces el debate público se centra en eso, porque “son las voces más fuertes”. Los medios, entonces, visibilizan más esto que los temas que realmente interesan a la sociedad. Otro desafío es comprometer a las víctimas dándoles voz. Refiere un caso muy representativo que tuvo lugar en la Comisión de verdad de Suráfrica. A una mujer, cuyo hijo había sido asesinado por la policía, “se le dio la oportunidad de testificar”. En el momento en que se le preguntó por su hijo, ella no pudo hablar; “sobrecogida por el dolor, solo pudo llorar por su pérdida”. Esas sesiones eran transmitidas por la radio y la televisión. Hodžić recuerda que “ese llanto fue tomado por los medios y la sociedad como el dolor y la necesidad de justicia y de verdad. Fue un punto de giro de la discusión nacional”. No significa -dice- que un proceso dependa de un momento como éste sino que es un caso muy emblemático en donde “los medios le dan voz a estos actores que, de otra forma, nunca tendrían la oportunidad de ser escuchados”.

Y es que las víctimas necesitan, sobre todo, un profundo y legítimo reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad. Y los medios son vitales para asegurarse de que esto ocurra y de que, también, se conozcan sus historias con toda la profundidad. De esta forma, la sociedad puede entender lo que sucede.

Hodžić vuelve al ejemplo con el que empezó su charla. En su pueblo, 20 años después, ni la comunidad ni las autoridades locales ni las nacionales reconoce la masacre, al punto, que no han permitido levantar un monumento conmemorativo a los 102 niños que murieron. Y eso que ésta fue la segunda masacre más grande después de las de la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso solo ha llevado a la cárcel a 80 personas, explica. Por eso, como periodistas “tenemos una enorme responsabilidad con las víctimas”. Y ojalá se haga desde el contexto de la justicia transicional, dice.

Jefferson Ospina (Colombia), de El País, de Cali, explica que en Colombia ese tema ha sido motivo de polarización, pues “hay sectores políticos que hablan de impunidad y con eso crean una sensación de hostilidad hacia la justicia transicional. ¿Cómo hacer para neutralizar ese discurso?”.

Para Hodžić es muy normal que eso suceda. Lo importante es resistir, dice, porque “siempre habrá fuerzas políticas que se nieguen al proceso, incluso en La Habana”. Y aunque sea desafortunado que no exista consenso, el papel de la oposición es ese, oponerse. Pero eso no significa que los periodistas permanezcan impasibles frente a los discursos que hablan de impunidad. Hay que ver en perspectiva, de forma amplia, estos procesos que se dan en el marco de la justicia transicional. Y con esto Hodžić se refiere a dos cosas: la primera es que no hay “ninguna historia en el mundo donde se firme la paz y a la vez se acuerde ir a la cárcel”. Y la segunda es que cuando en estos procesos se discuten los castigos a los victimarios, son las víctimas y no los políticos, quienes tienen que decir qué es lo aceptable.

Explica que el caso de Bosnia es el que más gente ha judicializado: “Un gran número de esas personas recibieron 2, 4, 5 años, debido a los modelos jurídicos. Muchas ni siquiera fueron a la cárcel. Y aunque las víctimas claman por justicia es mejor que los victimarios se hayan enfrentado a los tribunales (…) y se hayan hecho responsables por lo que hicieron”. Por eso debe ser la sociedad quien se pregunte si realmente quiere hacer de la paz una prioridad o si prefiere, mejor, no aceptar nada.

Si se opta por lo primero, entonces, los medios podrían mantener vivo el debate no solo con políticos sino también con intelectuales, líderes comunitarios, con las víctimas, con gente que no tenga intereses, sugiere Hodžić. Las preguntas que se podrían poner sobre la mesa serían, “¿cómo conseguir la paz? ¿Cómo asegurarnos de que se consiga? ¿Cómo vamos a avanzar o a superar lo sucedido? Y aunque no queramos una nación con impunidad, también hay que preguntarse cuáles son las modalidades de justicia que hay”.

Es éste el rol de los medios, no en darle juego a la polarización política o a una oposición que, muchas veces, ni siquiera ofrece soluciones.

Por último, Ricardo Corredor pregunta por qué se hace necesario desde ya hablar acerca del posconflicto, cuando ni siquiera se han concluido las conversaciones de paz. Para Hodžić, es simple: “el legado de los crímenes que han sucedido tienen que ser resueltos ahora”. Sobre todo, porque el conflicto lleva más de 50 años. En ese sentido, “las discusiones de responsabilidades son importantísimas (…) pero eso es solo un elemento de la gran fotografía, que es el proceso. La gente suele presuponer que se habla de justicia transicional solo cuando está todo firmado, pero eso sería negar el legado de la violencia”. Estas discusiones son las que tiene que afrontar la sociedad colombiana si opta por la paz. Y deben ser independientes de lo que suceda en La Habana, pues apuntan a un cambio mucho más estructural. Eso dependerá de lo que Colombia quiera construir como sociedad.